(Fuente: Diario del Derecho Municipal. Iustel).- (11.03.2014) El recurso ataca que la reforma no respete “la configuración constitucional de la autonomía local, recogida en los artículos 137 y 140 de la ley fundamental”. “Crea dos clases de municipios, los grandes y los de menos de 20.000 habitantes, abocados en convertirse en meros foros de discusión política sin capacidad de gestionar servicios [...] Desapodera a los pequeños y establece controles de oportunidad por parte de otras administraciones que sitúan a las entidades locales en posición de subordinación”.
La cifra de Ayuntamientos opositores seguirá creciendo en las próximas semanas hasta apurar el plazo (termina el 31 de marzo) de la impugnación. Sus promotores, PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC y UPyD, aseguran que han superado con creces los requisitos legales, que exigían el acuerdo de 1.160 consistorios que representasen una sexta parte de la población española (7,8 millones). “Calculamos que al final rebasaremos los 3.000, con más de diez millones de ciudadanos”, asegura el diputado socialista Gaspar Zarrías, quien cree que la norma es un instrumento “pensado para dar entrada al sector privado en la gestión de los servicios públicos y poner todo el poder en manos de las diputaciones”. (
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