(Fuente: Cinco Días) (03/06/2020) .- Los funcionarios de la Administración regional castellanomanchega que venían prestando servicios por teletrabajo a raíz de la declaración del estado de alarma están en un limbo jurídico. Un juzgado de lo contencioso-administrativo paralizó cautelarmente su vuelta presencial al puesto de trabajo, pero, ahora, se ha declarado incompetente para revisar su situación.

Según se establece, será un juzgado de lo social el que decida sobre la situación de los empleados, unos cinco mil, que habían solicitado continuar trabajando desde sus domicilios para evitar el peligro de contagio por la desescalada ordenada por la Junta. [...]