(Fuente: Cinco Días) (05/10/202) .- Los funcionarios no están menos protegidos que los trabajadores de empresas privadas a la hora de salvaguardar su intimidad. Las administraciones públicas no pueden acceder a los documentos contenidos en los equipos informáticos con los que trabajan los empleados sin cumplir con las exigencias de la ley de protección de datos. En concreto, la justicia condena actuaciones sorpresivas, en los que no se haya informado a los trabajadores de la posibilidad del espionaje y sus límites, o desproporcionadas (como copiar toda la información del dispositivo por una leve sospecha). En definitiva, los empleados públicos pueden denunciar accesos no autorizados a sus ordenadores para controlar su trabajo si la medida no cumple con la legalidad. [...]