(Fuente: La Administración al Día INAP) (17/11/2022) .- El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado una disposición final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que implicaba reconducir del orden social al contencioso-administrativo reclamaciones judiciales relacionadas con la contratación de personal laboral.

Según ha informado el TC, los magistrados han estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

Y, en consecuencia, han declarado inconstitucional y nula la disposición final vigésima de los PGE, la cual modifica el artículo 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para sacar de este orden "los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo". [...]