(Fuente: El País) (29/07/2016) .- El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las tasas judiciales que implantó en 2012 el Gobierno por idea del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Cuatro años después de la instauración de estos gravámenes, el alto tribunal acoge parcialmente un recurso del PSOE y falla que las tasas que persistían, para las personas jurídicas —empresas, ONG, partidos políticos— impiden por su elevada cuantía —hasta 1.200 euros— el acceso de estas a la Justicia. El Gobierno ya suprimió en febrero de 2015 las tasas para las personas físicas al admitir que podían vulnerar los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24 de la Constitución.

La decisión del tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos no implica la devolución de las tasas judiciales ya abonadas por los usuarios de la Administración de Justicia. Estos fondos, que el Gobierno publicitó que iban a destinarse a financiar servicios públicos del ámbito de la justicia, como los abogados de oficio, no llegaron nunca a tener este destino finalista. Las tasas judiciales fueron objeto de una enorme contestación civil, comandada por numerosos abogados y juristas y a la que se sumó el Consejo General de la Abogacía Española, que forma parte de la plataforma que recurrió contra ellas ante el Constitucional. [...]