(Fuente: El País).- (11/03/2014 Autor: Marc Carrillo) La legislación con la que se pretende hacer frente a la pavorosa crisis que afecta a la mayoría de la ciudadanía no solo está sirviendo para reducir a la mínima expresión sus derechos laborales, sino también para poner en solfa la autonomía política de las comunidades autónomas. Viendo como se manifiesta el legislador estatal a través de las leyes que se han ido aprobando en los últimos meses, las medidas tomadas para hacer frente a la crisis empiezan a aparecer, de hecho, como una oportunidad para una revisión general del Estado de las autonomías por parte de quienes nunca asumieron los retos de un Estado compuesto. Es decir, como un modelo de descentralización política que, sobre todo, debía resolver el contencioso histórico de la inserción en España de Cataluña y el País Vasco.

La relación confederal que de hecho tiene Euskadi con el Estado en el ámbito financiero es una realidad tangible tan satisfactoria para los vascos como discriminatoria para el resto. Por el contrario, no es el caso de Cataluña como así lo certificó la desactivación jurídica que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 supuso para el Estatuto de 2006. Un intento de nuevo pacto político ante la manifiesta insatisfacción que había generado el nivel de autonomía política alcanzado hasta entonces. Una autonomía que, en el marco del principio de la unidad básica que el Estado debe siempre garantizar, había de asegurar las competencias de todas las comunidades autónomas para ejercer su capacidad normativa y llevar a cabo políticas públicas propias. Y no quedar al albur, como así ha sido, del uso indiscriminado cuando no arbitrario de las llamadas competencias horizontales del Estado tanto en materia económica como en lo relativo a la garantía del principio de igualdad entre todos los ciudadanos; o a expensas del carácter expansivo de la legislación básica estatal. Una forma de legislar esta que ha reducido en mucho la capacidad real de maniobra del Parlamento autónomo para darle un contenido propio a su legislación. (Seguir leyendo)