Sentencia de 22 de mayo de 2023 (RSU 1633/2022; CL: LAB/195/2020/LE), de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León. Dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción. La sentencia de la Sala de Valladolid sintetiza la doctrina del Tribunal Supremo en las siguientes consideraciones:
1ª) La aplicación e interpretación de las reglas sobre prescripción de la acción por daños y perjuicios derivados del accidente laboral deben ser restrictivas.
2ª) El plazo general de un año contemplado en el artículo 59 ET es el que gobierna la prescripción de la acción que consideramos.
3ª) El plazo no puede iniciarse hasta que el beneficiario tiene un cabal conocimiento de las secuelas de la contingencia profesional y de las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su patrimonio biológico. En otros términos, el conocimiento pleno y cabal solamente se produce cuando el beneficiario conoce las consecuencias que las secuelas le van a producir y los perjuicios que de ellas se van a derivar.
4ª) El inicio del plazo de prescripción requiere que se den dos circunstancias concurrentes: la primera, que exista resolución firme por la que se declare que la contingencia de la que deriva la prestación discutida es profesional; y, la segunda, que también exista resolución firme que fije las cantidades que por prestaciones de Seguridad Social tenga derecho a percibir el beneficiario para que dichas cantidades puedan en su caso deducirse del monto global que hubiera que reclamar a la entidad demandada.
El día inicial del cómputo es el de la firmeza de la resolución (administrativa o judicial) aquilatando las consecuencias del accidente, pues solo entonces cabe conocer el modo de repercutir las prestaciones de Seguridad Social sobre los daños y perjuicios.
El hecho de que se prevea fecha de revisión resulta irrelevante: 1º. porque todas las declaraciones de incapacidad son revisables ex lege por agravación o mejoría y 2º porque, en el caso concreto, lo que se preveía era una revisión por mejoría, luego ninguna previsión de mayores daños existía. No obstante la jurisprudencia admite que si ha habido revisión que conduce a nuevo grado por agravación se compute desde este último día el plazo prescriptivo.
Carece de efectos sobre el cómputo del plazo de un año el que se siga un proceso en el que la empresa reclama frente a la imposición del recargo de prestaciones, pero es necesario que exista resolución firme que fije las cantidades que por prestaciones de Seguridad Social tenga derecho a percibir el beneficiario para que dichas cantidades puedan en su caso deducirse del monto global que hubiera que reclamar a la entidad demandada.