Sentencia de 23 de diciembre de 2021, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León (Sala Valladolid )(P.O. 585/2020). Llega la Sala a tal conclusión partiendo de los arts. 7.1.B) y 13. 2 del TR de la Ley del ITP y AJD y de la jurisprudencia plasmada en la STS de 15-1- 2016 (recurso nº 4031/2014):
“En Derecho Administrativo, la concesión administrativa es una institución que agrupa distintas especies de negocios jurídicos presididos por la idea de cesión a un particular de una esfera de actuación originariamente administrativa. El concepto incluye todos aquellos actos de las Administraciones Públicas por los que se faculta a los particulares para la realización o gestión de determinado servicio público o se les atribuye el aprovechamiento específico y exclusivo de bienes de dominio público. La concesión es, por tanto, una institución jurídica compleja, susceptible de ser considerada como contrato y como derecho real ya que comprende dos modalidades: la de servicio público y la demanial. La primera de dichas modalidades se caracteriza por su naturaleza esencialmente contractual y por ser una forma de gestión indirecta de un servicio público, cuya titularidad corresponde a la Administración concedente.
En Derecho Fiscal, incluso, el concepto de concesión administrativa tiene un ámbito mayor que en el Derecho Administrativo, según ha entendido la jurisprudencia de esta Sala al declarar que el art. 13.2 del TR ITP y AJD utiliza una noción de concesión administrativa de perfiles más amplios que los que caracterizan a esa institución en el ámbito estrictamente administrativo, sin que ello suponga una indebida extensión del hecho imponible prohibida por la LGT, puesto que se trata de un ejemplo de definición por el ordenamiento tributario previsto en el art. 23.2 de dicha Ley y admisible desde la autonomía de esta rama del ordenamiento”.
Jurisprudencia 
26 d Enero d 2022
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