Sentencia nº 61 de 24 de enero de 2022 dictada en el PO 349/2020, del TSJ de Castilla y León.
Sobre el exceso en la determinación del gasto en personal alegado por la demandante al impugnar los Pliegos, como consecuencia de la entrada en vigor del Real decreto 231/2020, de 4 de febrero por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, señala la sentencia que los costes de personal han de ajustarse a la normativa vigente en el momento en que se aprueban los Pliegos:
“Sobre este extremo es de señalar que el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, con efectos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, entró en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, con posterioridad, pues, al inicio del expediente de contratación que se produjo mediante la Resolución del Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud de 30 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el expediente de contratación, el gasto y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del procedimiento de licitación de que se trata. Por tanto, los cálculos salariales previstos en los pliegos se ajustaban a la normativa vigente en el momento en que se aprobaron y la consecuencia de la elevación del SMI durante la vigencia del contrato que se adjudique no es otra que la obligación del adjudicatario de ajustarse a la normativa que sobre los salarios resulte de aplicación, cuya eventualidad debe ser tenida en cuenta por los licitadores, tal y como se establece en el art. 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en la cláusula 6.3.1 del PCAP.”
Jurisprudencia 
24 d Febrero d 2022
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