Sentencia de 1 de marzo de 2022 del Tribunal Supremo (Recurso nº 1651/2021). En principio cuando hay una vía específica para obtener la reparación del daño no procede acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial.
La solicitud de abono del importe de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles giradas al amparo de una norma urbanística que ha sido declarada nula, ha de realizarse a través de los instrumentos establecidos en la legislación tributaria. Excepcionalmente, cuando por circunstancias ajenas al reclamante, no sea viable la utilización de estos específicos mecanismos de impugnación, cabrá su reclamación por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que se cumplan todos los requisitos legalmente establecidos.
En el caso concreto y, sin perjuicio de reconocer la viabilidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada dado que, en la fecha de la firmeza de la Sentencia que anulaba el Plan había transcurrido el plazo de prescripción previsto en la legislación tributaria para instar la devolución de la liquidación por IBI, las concretas circunstancias que concurren en el caso enjuiciado llevan a la desestimación del recurso por no ser antijurídico el daño sufrido. Es claro que el daño no es la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público, dada la activa participación del recurrente en la elaboración del Plan, lo que comporta que tenga la obligación de asumir las consecuencias de esa operación urbanística fallida encaminada a su lucro personal.
Jurisprudencia 
24 d Marzo d 2022
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