Sentencia de 25 de noviembre de 2021 del Tribunal Supremo (Recurso nº 183/2020). Tras la reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), el artículo 25.2 la Ley 7/1985, LRBRL, dispone que "2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:...n)...La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial". Esto es, se pasa, en la redacción originaria del mero "sostenimiento de centros docentes públicos", a "conservación, mantenimiento y vigilancia" y no de los "centros docentes" en general, sino de los centros públicos de educación infantil, primaria o especial y además concreta que esa competencia se refiere a los edificios no en general sino a los de "titularidad local".
La disposición adicional decimoquinta.2 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE) -que es la que se contrasta con el nuevo artículo 25.2.n) de LBRL- dispone "[l] a conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo". En cuanto a la naturaleza de tal disposición, la LOE prevé que ni tiene carácter básico ni naturaleza de ley orgánica (cfr. disposiciones finales quinta.1 y séptima, respectivamente), de lo que se deduce que la LRSAL ha reformado la LOE y de entre las materias que los municipios asumen "en todo caso" como competencias propias, está la conservación, mantenimiento y vigilancia sólo "de los edificios de titularidad local" destinados a centros públicos.
Según el artículo 25.2.n) de la LRBRL como norma básica, prevé que es materia en la que los municipios ostentan competencia propia, los gastos de conservación y mantenimiento de los centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, ubicados en edificios de su titularidad, sin perjuicio de lo que pueda prever la legislación sectorial.
Jurisprudencia 
10 d Febrero d 2022
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2007
