Sentencia n.º 293/2023, de 8 de marzo, de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (Recurso casación n.º 8658/2021) Sigue los razonamientos fijados en la Sentencia 1165/2022, de 20 de septiembre de la misma Sala, en la que analiza el cambio de planteamiento normativo del régimen liberalizador del acceso y ejercicio de las actividades de servicios respecto de la situación anterior -régimen concretado en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- e indica que en estos supuestos el inicio de la actividad, se condiciona a una manifestación del sujeto que desea ejercer aquella, comunicando a la Administración, que cumple los requisitos exigidos legalmente para ello; y la Administración efectúa un control a posteriori para verificar que, efectivamente se cumplen aquellos requisitos.
La consecuencia de dicho cambio es que: “no existe ya, propiamente, un procedimiento sometido al régimen de autorización (esto es, un procedimiento que deba iniciarse con una solicitud del interesado y deba finalizar con una resolución favorable de la Administración), por haber sido sustituido normativamente por el régimen de la declaración responsable y la comunicación previa (…)”
Así, con base en estos fundamentos, da respuesta a la cuestión casacional objetiva para la formación de jurisprudencia planteada, señalando que: las potestades de comprobación en una declaración responsable o comunicación previa, conforme a la normativa general en vigor, no está sujeta a plazo alguno y puede realizarse durante todo el tiempo de ejercicio del derecho o de la actividad a que se refieren dichos actos del ciudadano.
Jurisprudencia 
25 d Mayo d 2023
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