Sentencia núm. 1169/2024, de 1 de julio de 2024 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el Rec. ordinario núm.: 844/2022 (CA 659/2022). Impugnado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León el RD 378/2022, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Tribunal Supremo estima el recurso y concluye la ausencia de justificación de la utilización del procedimiento de concesión directa de las subvenciones, y recuerda su sentencia de 10 de enero de 2024 (rec 94/2023) que también anula un Real Decreto similar por carecer asimismo de justificación el procedimiento de concesión directa.
En concreto, el fundamento de Derecho Sexto, recoge la posición de la Sala:
“SEXTO. La posición de la Sala.
Pues bien, a tenor de lo expuesto, concluimos que no hay suficiente justificación de la elección del sistema de concesión directa. Por un lado, tanto las Memorias como el Preámbulo del Real Decreto impugnado confunden el fundamento de la concesión directa de subvenciones. No es la presencia de razones de interés público, económico y social en la subvención lo que autoriza la concesión directa, pues, con evidencia, en toda subvención laten intereses de dicha naturaleza, sino la presencia de esas razones en la elección del procedimiento excepcional de concesión directa y la relegación del régimen general de convocatoria pública. Así se desprende del art. 22.2.a) LGSS. Se motiva así la finalidad de las subvenciones, pero en modo alguno el procedimiento de concesión directa.…
Por otra parte, dada la excepcionalidad de la concesión directa, es determinante de un interpretación y aplicación restrictiva de su elección. No se explica de forma válida ni suficiente por qué el sistema de concurrencia pública es opuesto a la efectividad de la subvención o al respeto de las particularidades del territorio y de su población, ni tampoco las ventajas que suponen para el interés público el hecho de «conocer de un modo cierto y anticipado los concretos beneficiarios». La incompatibilidad de la concurrencia competitiva con los fines de las subvenciones es una cuestión que no corresponde valorar sino al legislador, y es evidente que nuestro ordenamiento se ha inclinado abiertamente por el régimen de concurrencia pública. En cualquier caso, los inconvenientes que aprecia la Memoria pueden paliarse en el procedimiento ordinario a través de las bases de la convocatoria.”
Jurisprudencia 
2 d Agosto d 2024
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