Sentencia n.º 300/2023, de 8 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Rec. ordinario n.º 431/2021). Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Gobierno de España al no cumplir la obligación de aprobar una norma reglamentaria, en el plazo de seis meses, la Sala de lo contencioso-administrativo del TS analiza el significado de las omisiones reglamentarias, señalando que, el legislador renuncia frecuentemente a dictar normas directamente operativas, limitándose a establecer las directrices o criterios generales o los contenidos normativos que considera básicos o esenciales sobre una determinada materia y confía a la Administración, la regulación complementaria y pormenorizada que sea necesaria para satisfacer los objetivos legales. La inactividad u omisión reglamentaria tiene lugar cuando resulta legal o constitucionalmente debido el dictado de una disposición de carácter general por la Administración y esta no lo hace.
La potestad reglamentaria hay que concebirla como una potestad susceptible de integrar el contenido de un deber legal de obrar jurisdiccionalmente exigible. El señalamiento en la ley de un plazo para la ejecución reglamentaria tiene carácter imperativo y no meramente indicativo.
La Sala concluye que cuando la ley encarga a la Administración un determinado desarrollo reglamentario y le fija un plazo para ello, está imponiéndole unos deberes jurídicos de obligado cumplimiento de los que no puede sustraerse el Gobierno invocando su naturaleza político-constitucional, ni el carácter discrecional de la potestad reglamentaria, y consecuentemente condena a la Administración a que, en un plazo de seis meses, elabore, apruebe y promulgue la norma reglamentaria a la que está obligada.
Jurisprudencia 
25 d Mayo d 2023
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