Sentencia de 27 de febrero de 2024, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Rec. nº 7921/2020). La cuestión que se analiza en el presente recurso de casación es si los colegios profesionales tienen legitimación para impugnar los pliegos de contratos administrativos cuando las actuaciones a contratar corresponden a su sector profesional.
En concreto, el procedimiento de instancia del que trae causa la sentencia dictada en casación aprecia falta de legitimación activa de un consejo de colegios profesionales de arquitectos para impugnar un pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se reservaba el contrato a los arquitectos. Así la sentencia recurrida en casación entiende que la licitación no comprometía los intereses comunes de la profesión de arquitecto y que lo que se pretendía en verdad era la abstracta defensa de la legalidad administrativa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de febrero de 2024, partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional (entre otras, STC 45/2004) y de la jurisprudencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 24 de enero de 2012, recurso de casación nº 16/2009), concluye que los colegios profesionales tienen legitimación ad procesum para impugnar las convocatorias de licitaciones cuando “la actuación administrativa afecte a los intereses profesionales de los colegiados, y cuando la acción procesal repercuta directamente o redunde en beneficio del interés colectivo del propio sector profesional, al entablarse con la finalidad de la protección de intereses colectivos o generales, vinculados a la protección de la ética, la transparencia y responsabilidad en el desempeño de la profesión, así como cuando traten de evitar un perjuicio o un menoscabo cierto y efectivo al recto ejercicio de la profesión”.
Teniendo en cuenta lo expuesto el Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida por entender que no puede limitarse la legitimación activa de los colegios profesionales de arquitectos a aquellas actuaciones de las Administraciones Públicas que interfieran en la esfera de competencias profesionales reservadas en exclusiva a los arquitectos, pudiendo admitirse también cuando esté en juego la calidad técnica de los servicios profesionales prestados por estos.
Jurisprudencia 
13 d Junio d 2024
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