Sentencia de 5 de diciembre de 2022, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. (Rec. nº 5563/2020) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 2 de febrero de 2020 (Recurso de casación nº 1540/2020) y de 21 de noviembre de 2022 (Recurso de casación nº 3193/2020) viene entendiendo que para incluir la cuota del IVA en la base del cálculo de los intereses de demora en el pago de facturas derivadas de contratos administrativos es preciso que el contratista haya declarado e ingresado este impuesto antes de cobrar la factura.
No obstante, como consecuencia de la Sentencia de 20 de octubre de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Procedimiento prejudicial, Asunto C-585/20), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cambia este criterio y así concluye que “en la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el pago de determinadas facturas de un contrato administrativo (en este caso, un contrato de servicios) debe incluirse la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA), sin que para que proceda el pago de tales intereses sea exigible que el contratista acredite que ha realizado efectivamente el pago del impuesto a la Hacienda Pública”.
En relación al dies a quo para el cálculo de los intereses de demora sobre la partida del IVA, la sentencia no efectúa pronunciamiento alguno “al no haber existido debate” sobre esta cuestión en el recurso de casación. No obstante, se advierte la necesidad de tener en consideración la fundamentación jurídica y el pronunciamiento contenidos en la citada sentencia del TJUE de 20 de octubre de 2022 en relación al plazo de pago de sesenta días previsto, con carácter general para todas las operaciones comerciales, en la normativa de contratación pública del Reino de España. Así, en esta sentencia, el TJUE ha concluido que el artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7/UE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de sesenta días naturales, incluso cuando este plazo está compuesto por un periodo inicial de treinta días para aceptar o comprobar la conformidad y otro adicional de treinta días para el pago del precio.
Jurisprudencia 
14 d Enero d 2023
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