Sentencia nº 451/2022, de 19 de abril de 2022, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (Recurso de casación nº 6677/2018) (Roj: STS 1515/2022). Cuando se resuelve un contrato de concesión de obras debe procederse a la liquidación definitiva del contrato a los efectos de determinar, entre otros extremos, el importe de las obras ejecutadas a costa del concesionario y que van a pasar a la Administración.
El artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula el plazo de prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública estatal, diferenciando entre la prescripción el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de obligaciones no solicitadas con la presentación de los documentos justificativos y la prescripción del derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas. Para el primer derecho se indica que el plazo contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. En términos idénticos se pronuncia el artículo 71 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, para las obligaciones de la Hacienda Pública de la Comunidad de Castilla y León.
Pues bien, partiendo de esta regulación, en el supuesto de que no tenga lugar la liquidación definitiva de un contrato de concesión de obra ya extinguido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo señala que el plazo de prescripción de la acción para reclamar el importe de las obras e instalaciones ejecutadas a costa del concesionario comienza desde la extinción de la relación contractual, no pudiendo entenderse que este plazo no ha empezado a correr al no haberse liquidado definitivamente el contrato.
Jurisprudencia 
13 d Octubre d 2022
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