Sentencia nº 1115/2021, de 14 de septiembre de 2021, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (Recurso de casación nº 6372/2020). El artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, prevé dentro de los supuestos de prohibición para contratar con el sector público el haber sido sancionado con carácter firme por la comisión de determinadas infracciones administrativas en una serie de materias. En estos casos, cuando el alcance y duración de la prohibición para contratar no conste en la propia resolución administrativa deberán concretarse estos extremos mediante un procedimiento instruido al efecto, cuya resolución deberá ser inscrita en el correspondiente Registro Oficial de licitadores.
El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 1115/2021 establece como doctrina jurisprudencial que, en estos supuestos, “los efectos de la prohibición para contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente y, en este último caso, una vez inscrita en el registro”. Ahora bien, también concluye que cuando la resolución administrativa no haya establecido el alcance y duración de la prohibición para contratar, debiendo remitir la misma al órgano administrativo competente para iniciar el oportuno procedimiento, el órgano judicial, por vía cautelar, puede suspender esta remisión, a pesar de no ser ejecutiva la prohibición, “cuando, entre otros supuestos, haya considerado necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada”.
Jurisprudencia 
7 d Octubre d 2021
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