Sentencia 23/2022, de 21 de febrero de 2022. Recurso de amparo 6420-2019.
Con relación a la vulneración de los principios de la potestad sancionadora (24.2 y 25 CE) señala la sentencia que la publicación en el BOE de la resolución sancionadora (multa por importe de 30 000 euros por la comisión de una infracción muy grave de la Ley del mercado de valores) no constituye una sanción, sino que se trata de una consecuencia anudada a la imposición de las sanciones graves prevista por la propia ley (…) y que no tiene per se una función punitiva o de castigo. Si bien es cierto, de acuerdo con la sentencia, que la publicación refuerza el carácter disuasorio de dichas sanciones, y puede tener también un componente aflictivo adicional para quien pueda ver afectada su reputación por la publicación de la sanción firme que le ha sido impuesta, concluye que la finalidad de la publicación es advertir a los inversores de una actuación que puede afectar al buen funcionamiento del mercado financiero, y garantizar la transparencia y eficacia en la labor de supervisión que lleva a cabo la CNMV; no la de «infligir al infractor un perjuicio». Por consiguiente, a la resolución por la que se dispone simplemente la publicación no le son directa y autónomamente aplicables las garantías de los artículos 24.2 y 25 CE que debe respetar la administración cuando ejerce la potestad sancionadora.
Sobre la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales (art. 18.4 CE), la sentencia considera que la comunicación a la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado» de la resolución sancionadora emitida por la CNMV para su publicación en el BOE y la publicación misma de esa resolución en el diario oficial, constituyen supuestos de tratamiento de datos personales necesarios para el cumplimiento de una obligación legal (…) por lo que no requieren el consentimiento del interesado. La publicación no infringe los principios de proporcionalidad y temporalidad que rigen en materia de protección de datos de carácter personal. La CNMV actuó en ejercicio de las funciones (…) finalidad legítima de garantizar la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores, que está vinculada a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y con el deber de los poderes públicos de garantizar y proteger su ejercicio sin que pueda apreciarse que la medida dispuesta por el legislador en el artículo 304 TRLMV y su aplicación por la CNMV sea desproporcionada para la consecución de dicha finalidad. Tampoco se aprecia que se haya vulnerado el principio de temporalidad en el tratamiento de los datos personales que figuran en la resolución sancionadora finalmente publicada en el BOE, en tanto en cuanto su titular podrá ejercer en su momento el derecho de supresión y olvido.
No se vulneran las garantías que rigen el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora (arts. 24.2 y 25 CE), y tampoco la normativa de protección de datos personales.
Jurisprudencia 
5 d Abril d 2022
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