Sentencia nº 65/2024, de 11 de abril de 2024, del Tribunal Constitucional. Recurso de inconstitucionalidad nº 5671/2022. La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en su artículo 10.d), excluye de su ámbito de aplicación determinados servicios jurídicos.
Por su parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si bien incluye los servicios jurídicos dentro de su ámbito de aplicación, en cuanto contratos de servicios onerosos, prevé que los servicios jurídicos a los que se refiere el artículo 10.d) de la Directiva 2014/24/UE no tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado (artículo 19.2.e).
La Comunidad Foral de Navarra tiene competencias especiales en materia de contratación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 39.1.a) y 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra. En ejercicio de estas competencias ha aprobado la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos.
Mediante la Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, se modificó, entre otros preceptos, la letra l) del artículo 7.1 de la citada Ley Foral 2/2018, a los efectos de excluir de su ámbito de aplicación determinadas prestaciones de servicios jurídicos, que coinciden con algunos de los servicios jurídicos identificados en el artículo 10.d) de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 19.2.e) de la Ley 9/2017.
Contra esta previsión legal se interpuso recurso de inconstitucionalidad, en representación del presidente del Gobierno de España, por entender que se vulneraban las competencias del Estado en materia de contratación pública, contempladas en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española. En concreto se consideraba que esta modificación legal era incompatible con los límites competenciales previstos en la citada Ley Orgánica 13/1982, y que se concretan en la “unidad constitucional” y en “los principios esenciales de la legislación básica del Estado”.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 65/2024, recuerda que “son las reglas internas de delimitación competencial las que en todo caso han de fundamentar la respuesta a los conflictos planteados entre el Estado y las comunidades autónomas”, de tal forma que el “Derecho comunitario no es en sí mismo canon o parámetro directo de constitucionalidad en los procesos constitucionales”. Por ello, “la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostenta la competencia según las reglas de Derecho interno, puesto que «no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario»”.
Partiendo de lo anterior, el Tribunal Constitucional concluye que la determinación de los negocios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no solo tiene carácter básico, sino que, además, ha de ser considerada un principio esencial de la legislación básica estatal. Por ello, considera que la citada letra l) del artículo 7.1 de la Ley Foral 2/2018, debe ser declarada inconstitucional y nula porque vulnera el orden constitucional de competencias
Jurisprudencia 
13 d Junio d 2024
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