Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2024 (recurso de casación nº 3392/2022, P.O. 755/2018), que analiza dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo:
1. Los efectos de la declaración de nulidad de una disposición general en relación con aquellas situaciones que se han desarrollado a su amparo con anterioridad a que dicha declaración de nulidad haya ganado firmeza.
Entiende el TS que la postura maximalista de la Sala de instancia (declarando la nulidad del Decreto impugnado) debe ser matizada, porque los principios de seguridad jurídica y de garantía de las relaciones establecidas pueden obligar a introducir limitaciones. Interpretando los arts. 72 y 73 de la LJCA, mantiene que como actos firmes que subsisten a la declaración de nulidad del reglamento se encuentran los actos favorables, los de gravamen y también otro tipo de actuaciones de la Administración, como la emisión de dictámenes preceptivos. Y establece que “la declaración de nulidad de una disposición reguladora de la composición de un órgano consultivo no puede incidir en la validez de una disposición general en cuyo procedimiento de elaboración emitió dictamen preceptivo el referido órgano consultivo, siempre que dicha declaración de nulidad haya adquirido firmeza con posterioridad a la emisión de dicho informe”.
2. Si los principios de transparencia y/o buena administración exigen comunicar al órgano consultivo, que ha de emitir informe preceptivo en la elaboración de una disposición general, toda la documentación del expediente administrativo seguido para su elaboración y, en su caso, el alcance invalidante del defectuoso cumplimiento de tal comunicación.
Responde el TS, invocando el art. 133. 3 de la Ley 39/2015, que el órgano consultivo debe de disponer de toda la documentación del expediente administrativo que pueda ser calificada como relevante para la emisión de su informe, convirtiéndose en vicio invalidante que conduce a la nulidad del procedimiento el cumplimiento defectuoso de los deberes de comunicación y transparencia por parte de la Administración.
Jurisprudencia 
20 d Marzo d 2024
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