Sentencia de 21 de diciembre de 2010, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Rec. nº 476/2009). Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por leyes inconstitucionales. Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, declarado inconstitucional y nulo por la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 68/2007, de 28 de marzo. Trabajador cuyo despido se declaró improcedente y que al optar el empresario por la extinción del contrato no percibió los llamados salarios de tramitación, suprimidos para tal caso por aquel RDL. Inaplicabilidad del inciso final del art. 139.3 de la Ley 30/1992 cuando la acción de responsabilidad patrimonial se sustenta en el perjuicio derivado de la aplicación de leyes inconstitucionales. La declaración de inconstitucionalidad de la ley o norma con fuerza de ley conlleva la sanción de nulidad de la misma y tiene efectos retroactivos o ex tunc, cediendo esta regla o principio cuando la sentencia que la declara pregona su eficacia prospectiva o de futuro. Límites que a tales efectos imponen los artículos 161.1.a), inciso final, de la CE y 40.1, inciso inicial, de la LOTC. Interpretación de tales límites y del instituto procesal de la cosa juzgada. No impiden el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial dirigida a lograr la indemnización de los perjuicios que irrogó la aplicación de la ley declarada inconstitucional. Menoscabo que sí reúne los requisitos de tratarse de un daño individualizado y antijurídico. Indemnización de la que no deben restarse las prestaciones por desempleo percibidas. Condena al pago de intereses.
Jurisprudencia 
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